Por: Miguel Angel Trujillo

El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, enfrenta acusaciones de cohecho, peculado y lavado de activos, pero niega todas las imputaciones.

En un reciente giro en los escándalos de corrupción que sacuden Colombia, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha sido formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación. Durante una audiencia virtual realizada el 21 de mayo de 2025, se le imputaron cargos de cohecho, peculado y lavado de activos, relacionados con irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González, en su defensa, ha sido enfático al rechazar las acusaciones. “No acepto los cargos, ya que todas son calumnias sin fundamento”, afirmó durante la audiencia. La Fiscalía alega que el exdirector instruyó a los congresistas Iván Name y Andrés Calle para que apoyaran ciertas reformas del Gobierno a cambio de beneficios no justificados.

El contexto del caso se complica con las declaraciones de exfuncionarios de la UNGRD, quienes ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han implicado a González en un presunto desvío de fondos destinados a la atención de emergencias nacionales. Este escándalo ha llevado a la suspensión de varios miembros del Partido Verde y ha desencadenado una serie de investigaciones judiciales.

Este caso no solo representa un desafío legal para los implicados, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las instituciones gubernamentales colombianas. La audiencia para determinar la medida de aseguramiento contra González está programada para el 6 de junio, un evento que seguramente captará la atención nacional dado el alto perfil del acusado y la magnitud de los recursos presuntamente malversados, estimados en más de $614 mil millones recuperados hasta la fecha.