Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado la suspensión de las mesas de trabajo sobre la UPC, citando insuficiente participación ciudadana.

Bogotá, 13 de mayo de 2025. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden al Ministerio de Salud y Protección Social para que suspenda durante 30 días las mesas de trabajo encargadas de calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta decisión surge tras identificar una participación ciudadana inadecuada en el proceso, lo que va en contra de los mandatos de la Constitución Política del país.

La medida fue tomada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, compuesta por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. Ellos destacaron que, aunque el Ministerio inició las mesas técnicas, no ha logrado una participación efectiva de todos los sectores interesados, incluyendo organizaciones médicas, gremios económicos y asociaciones de pacientes.

El fallo apunta a que el Ministerio, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, debe revisar y ajustar la forma en que se están llevando a cabo estas mesas. Esto incluye garantizar tiempos equitativos de intervención y la inclusión de todos los grupos afectados. La Corte enfatizó la necesidad de una participación ciudadana real y efectiva en la definición de políticas públicas de salud.

Entre las preocupaciones expresadas por entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Procuraduría General de la Nación, se incluyen acusaciones de falta de transparencia y retrasos en la implementación de decisiones judiciales previas, lo que podría comprometer el acceso a tratamientos necesarios y la eficacia del sistema de salud. La Corte ha reiterado que cualquier ajuste en el sistema debe ser deliberativo y permitir una representación adecuada de todos los sectores involucrados.

Esta decisión de la Corte busca no solo asegurar la transparencia y participación en el cálculo de la UPC, sino también preservar la integridad del sistema de salud, garantizando que las decisiones se tomen de manera justa y conforme a los principios del Estado social de derecho.