Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

En Colombia, la justicia puede impedir la salida del país a deudores de alimentos para asegurar el sustento de menores y dependientes. Esta medida, con base en leyes vigentes, protege los derechos fundamentales de quienes dependen de estas pensiones.

Desde hace años, el sistema legal colombiano protege el derecho a la manutención de menores e incapacitados. La prohibición de salida del país es una medida cautelar que se aplica en casos de incumplimiento grave y riesgo de fuga del deudor. Se busca garantizar que el progenitor incumplidor asuma su responsabilidad.

La base legal de esta medida se encuentra en leyes como el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Estas normas otorgan a los jueces la facultad de imponer restricciones, entre ellas la prohibición de viajar al exterior, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) también juega un papel importante en este proceso, añadiendo más consecuencias para los infractores.


Casos recientes demuestran la aplicación de esta medida. Por ejemplo, el Juzgado Segundo de Familia de Yopal prohibió la salida del país a Jair Alfonso Forero Mayorga por incumplimiento en la cuota alimentaria de su hija. Similarmente, Ferney Efrén Murcia Miranda enfrentó una prohibición por una deuda superior a 60 millones de pesos. Estos casos ilustran la firmeza de la justicia colombiana en proteger a los más vulnerables.


El proceso judicial determina si se impone la medida, considerando la mora en el pago y el riesgo de evasión. La prohibición se levanta una vez el deudor cumple o garantiza el pago futuro. Se busca un equilibrio entre el derecho a la libre movilidad y la obligación ineludible de asegurar el sustento de quienes dependen económicamente del deudor. El incumplimiento puede tener consecuencias civiles y penales, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de los derechos de los niños y dependientes económicos.


La medida de impedir la salida del país por deudas alimentarias, aunque controvertida en algunos aspectos, busca fundamentalmente proteger el derecho fundamental a la alimentación de los menores. Su aplicación efectiva y la existencia del REDAM fortalecen la garantía de cumplimiento de obligaciones parentales. El debate sobre las garantías y el acceso a la justicia continúa, pero la ley deja clara la prioridad de la protección de los más vulnerables.