Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El general en retiro Juan Miguel Huertas enfrenta nuevos desafíos judiciales ante la JEP. Es investigado por un caso de falsos positivos en Antioquia, ocurrido cuando era capitán, mientras se definen posibles responsabilidades.

El general en retiro Juan Miguel Huertas, una figura reconocida en círculos militares, se encuentra nuevamente en el centro de un escrutinio judicial de alto perfil. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene abierta una investigación en su contra por un delicado caso de falsos positivos, ocurrido en el departamento de Antioquia hace décadas. Este proceso legal, que ha captado la atención de la sociedad, busca esclarecer su rol cuando ostentaba el rango de capitán del Ejército.

Los señalamientos contra el general Huertas se remontan al período entre 2002 y 2013, cuando se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4. La JEP, en el marco del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, ha señalado su vinculación con el entonces jefe de operaciones, coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, en 2003. Aunque la justicia lo declaró no máximo responsable del caso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aún evalúa si tuvo algún grado de responsabilidad.

El expediente aborda graves acusaciones de crímenes presentados falsamente como éxitos operacionales, una práctica que marcó un oscuro capítulo en la historia reciente del país. Este tipo de incidentes, que involucran la simulación de combates para justificar la muerte de civiles inocentes, han sido objeto de profunda investigación por parte de la justicia transicional. El caso de Huertas sigue activo y ha pasado a manos de la Sala de Definición de Situaciones Públicas, con una solicitud reciente del Ministerio de Defensa para actualizar su estado jurídico y antecedentes.

Esta nueva fase del proceso judicial es crucial para determinar el futuro legal del general en retiro Juan Miguel Huertas. Si bien ya fue declarado no máximo responsable, la autoridad judicial debe resolver si existió alguna participación o conocimiento en los falsos positivos cometidos por el batallón bajo su órbita. La decisión final de la JEP podría implicar desde la renuncia a la persecución penal hasta el establecimiento de responsabilidades menores, marcando un precedente significativo para la rendición de cuentas en el ámbito militar.