Por: karol Yulieth Lopéz león

La justicia evalúa la posible injerencia de inteligencia estatal en el asalto a la casa de Angie Rodríguez y la 'chuzada' del celular de Benedetti, generando preocupación por la integridad institucional.

Un manto de preocupación se extiende sobre el panorama político tras los recientes episodios que involucran a altos funcionarios del gobierno. El asalto a la vivienda de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, y la denuncia de 'chuzada' al celular del ministro del Interior, Armando Benedetti, con el software Pegasus, han puesto en alerta a las autoridades. El Ministerio de Justicia, a través de Andrés Idárraga, ha confirmado la apertura de una investigación para determinar si miembros de la inteligencia estatal podrían estar detrás de estos graves hechos.

Angie Rodríguez, quien recién dejaba su cargo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue víctima de un asalto en su domicilio que ha sido calificado de inusual. Paralelamente, el ministro Benedetti hizo pública su profunda preocupación por la intervención ilegal de su dispositivo móvil, apuntando al sofisticado programa Pegasus. Ante la gravedad de los sucesos, el viceministro de Promoción de la Justicia, Andrés Idárraga, ha sido enfático al señalar la seriedad con la que el gobierno aborda estas delicadas denuncias.

Ambos incidentes salieron a la luz en un lapso de apenas veinticuatro horas, generando un clima de incertidumbre sobre la seguridad de los servidores públicos. La particularidad del caso Benedetti, con el uso del sofisticado programa Pegasus, eleva el nivel de alerta sobre la capacidad y los recursos empleados en estas operaciones clandestinas. Asimismo, las autoridades están verificando la existencia de un tercer episodio similar que podría estar conectado. Se evalúa la hipótesis de que estos actos buscan desprestigiar a funcionarios clave con claros fines políticos y electorales, afectando la estabilidad del actual mandato.

La situación cobra una dimensión aún más compleja al conocerse que desde el propio gobierno del Presidente Petro no se descarta la posible participación de actores internos en estos episodios. Esta admisión subraya la profunda crisis de confianza que tales acciones pueden generar dentro de las esferas del poder y en la percepción pública. La ciudadanía, anclada en valores de orden y transparencia, observa con preocupación cómo la integridad de las instituciones podría verse comprometida, afectando la gobernabilidad y la fe en el sistema democrático local.