Por: karol Yulieth Lopéz león

La Fiscalía General de la Nación y la Policía incautaron 28 lingotes de oro valorados en más de 15.514 millones de pesos en la vereda El Cedro, Putumayo. Dos hombres fueron judicializados por lavado de activos.

Un golpe contundente contra las finanzas criminales se asestó en la vereda El Cedro, en la estratégica vía que une a Mocoa, Putumayo, con Pitalito, Huila. La Policía Nacional, en un operativo de registro y control, logró la incautación de 28 lingotes de oro, cuyo peso totaliza 41 kilogramos. Este metal precioso ha sido valorado en una cifra astronómica que supera los 15.514 millones de pesos, representando una de las mayores aprehensiones recientes en el sur del país.

Dos hombres, identificados como Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo, y su acompañante Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, fueron capturados en el lugar de los hechos. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, determinó que los implicados no pudieron acreditar la procedencia lícita del oro. Tampoco portaban los certificados de origen ni la documentación requerida por los comercializadores o explotadores mineros autorizados. Por ello, fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La sorprendente caleta del oro fue descubierta en el tanque de combustible del vehículo, una técnica comúnmente utilizada para evadir los controles de las autoridades. Este hallazgo subraya la sofisticación de las redes dedicadas al transporte de metales preciosos de origen ilegal. El comiso de los lingotes fue solicitado y aceptado por un juez de control de garantías, tras la presentación de las pruebas por parte del ente acusador. Este procedimiento garantiza que los bienes de origen dudoso sean retirados del circuito económico ilegal.

La autenticidad de las 28 barras de oro ha sido plenamente verificada mediante diversas pruebas. Con su legalización, el metal precioso quedará a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y bajo la custodia del Banco de la República. Esta incautación no solo representa un golpe económico al crimen organizado, sino que también protege la integridad de las economías locales y la confianza en la minería legal. Estos operativos son vitales para frenar el flujo de riquezas ilícitas que socavan el desarrollo sostenible y la tradición productiva de regiones como Putumayo y Huila.