Por: karol Yulieth Lopéz león

Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala tras órdenes de captura contra funcionarios colombianos. El presidente Petro responde prohibiendo el ingreso de la fiscal guatemalteca Consuelo Porras al país.

La decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de prohibir la entrada a territorio nacional de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha generado una crisis diplomática entre ambos países. Esta medida, anunciada el martes 3 de junio de 2025 durante un consejo de ministros televisado desde Bogotá, se produce como respuesta a la emisión de órdenes de captura por parte de la fiscalía guatemalteca contra dos figuras clave del gobierno colombiano. El conflicto ha escalado rápidamente, generando incertidumbre en la región.

La orden de captura guatemalteca afecta a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y al embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez, reconocido por su trabajo contra la corrupción en Guatemala durante su paso por la CICIG. El presidente Petro, en su declaración, acusó a Porras de "denostar a gente honesta colombiana" y de burlarse de la dignidad nacional, afirmando además que mantiene vínculos con "amigos mafiosos". La canciller Laura Sarabia recibió la instrucción de formalizar la prohibición a través de un acto administrativo.

La respuesta de Petro, inmediata y contundente, se materializó con la prohibición de ingreso para Porras, medida ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta acción se enmarca en un contexto internacional donde Consuelo Porras ha sido previamente sancionada por organismos internacionales por socavar la justicia. La decisión de Petro pretende defender la soberanía nacional y proteger a sus funcionarios de lo que considera una persecución política.

Este conflicto diplomático entre Colombia y Guatemala refleja una creciente tensión regional. Las acusaciones cruzadas, la defensa de la soberanía nacional y la preocupación por la justicia internacional plantean un desafío para las relaciones bilaterales. Las consecuencias a futuro podrían incluir un deterioro de las relaciones diplomáticas, posibles represalias de Guatemala y una mayor polarización en el debate regional sobre la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho.