Por: Katherine Cruz

Un rector de internado rural en Cumaribo, Vichada, fue capturado y puesto bajo custodia por presunta agresión contra seis estudiantes indígenas, incluyendo cuatro menores. El caso genera profunda consternación local.

La comunidad de Cumaribo, Vichada, se encuentra conmocionada tras la captura de un rector de un internado rural. Este docente, figura de autoridad, es señalado como presunto responsable de conductas inapropiadas en contra de seis de sus estudiantes. Todas las víctimas son integrantes de una comunidad indígena, y cuatro de ellas son menores de edad, lo que agrava la situación. Los hechos denunciados habrían ocurrido dentro de las instalaciones educativas entre los años 2024 y 2025. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la medida de aseguramiento en centro carcelario para el implicado.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a las víctimas, ejercía un papel fundamental en la educación de los jóvenes de la región. Su posición de liderazgo y confianza fue, al parecer, utilizada para cometer los actos que hoy se le imputan. La vulneración de la integridad de jóvenes en condición de especial protección ha generado una preocupación mayúscula. Las autoridades actuaron con un enfoque diferencial, considerando la pertenencia étnica y la alta vulnerabilidad de las afectadas.

Según los hallazgos preliminares de la investigación, el rector se habría valido de su jerarquía para ejercer control sobre las estudiantes. Además, se conoció que habría amenazado a las jóvenes y a sus familias para evitar ser denunciado. Presuntamente, el capturado habría asegurado tener contactos con actores armados fuera de la legalidad, lo que se usó como una táctica de intimidación. Estas graves revelaciones salieron a la luz tras una serie de denuncias valientes de las víctimas y sus allegados.

La captura del implicado fue llevada a cabo por miembros del CTI en Puerto Carreño, marcando un paso crucial en el restablecimiento de la justicia. Posteriormente, fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores. Aunque el procesado no aceptó los cargos, la contundencia de las pruebas llevó a la orden de detención en un centro carcelario. Esta medida busca no solo proteger a las víctimas sino también asegurar el desarrollo transparente y adecuado del proceso judicial.