Por: Katherine Cruz

Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional sede Bogotá, denunció que el Ministro de Educación ingresó al campus el pasado viernes pese a una orden de desalojo por amenaza de seguridad, calificándolo de un "hecho inaceptable" que vulnera la autonomía institucional.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vivió una jornada de tensión el pasado viernes 10 de octubre, cuando la Rectoría y Vicerrectoría emitieron una orden de desalojo total del campus. Esta medida preventiva se tomó tras la circulación de un mensaje con una amenaza específica contra la seguridad de la sede, motivando la suspensión temporal de actividades presenciales. En medio de esta situación de emergencia, el rector Leopoldo Múnera denunció un grave incidente.

El rector Múnera señaló directamente al Ministro de Educación por ingresar al campus universitario, desatendiendo la orden de evacuación establecida. Este acto fue calificado por el líder universitario como "un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria". La entrada del funcionario, en un momento de alta vulnerabilidad para la comunidad, ha generado un profundo malestar en la institución, considerándose una afrenta directa a los principios de autogobierno académico.

El Comunicado Conjunto N. 05, emitido ese mismo día por la Rectoría y Vicerrectoría, detalló las acciones tomadas para salvaguardar la integridad de la comunidad. La universidad notificó de inmediato a la Secretaría de Gobierno del Distrito, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Defensoría del Pueblo para coordinar la verificación del riesgo. Asimismo, se recordó que un acto cultural previamente autorizado para el 1 de octubre, derivado de una movilización estudiantil, había sido comunicado a sus organizadores para su suspensión o modificación una vez conocida la amenaza, priorizando siempre la seguridad institucional.

Lo ocurrido el 1 de octubre, con el acto cultural, se vinculó al posterior episodio de alerta y desalojo del día 10, cuando la amenaza explícita motivó los protocolos de emergencia. Si bien la Universidad Nacional defendió la legalidad del evento inicial, enfatizó la prioridad de la integridad de sus miembros ante el riesgo. El incidente ha reavivado el debate sobre el respeto a la autonomía universitaria y la necesidad de coordinación efectiva entre las instituciones del Estado. La medida del 10 de octubre fue preventiva, con el riesgo aún bajo investigación por parte de las autoridades competentes.