Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Corte Constitucional admitió una demanda crucial contra un decreto que afecta la Reforma Rural Integral, buscando acelerar el acceso a tierras para comunidades campesinas.

La Corte Constitucional de Colombia admitió en octubre de 2025 una demanda trascendental que podría redefinir el acceso a la tierra para miles de familias rurales. La acción judicial, interpuesta contra el Decreto Ley 902 de 2017, busca condicionar la constitucionalidad de la normativa que regula los procesos agrarios especiales. Este decreto, según los demandantes, obstaculiza la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz. La decisión de la Corte, con sede en Bogotá, es esperada con gran expectativa.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, fue quien interpuso esta demanda crucial. Su objetivo es asegurar que el proceso de adjudicación y formalización de tierras sea efectivo para sus legítimos beneficiarios. La Corte Constitucional, máxima autoridad en la defensa de la Carta Magna, tiene ahora la responsabilidad de estudiar a fondo los argumentos presentados. Del resultado dependerá el futuro de miles de campesinos y comunidades rurales, quienes anhelan el cumplimiento de su derecho a la tierra.

La demanda sostiene que la actual tramitación de los procesos agrarios ante jueces civiles ordinarios vulnera el principio fundamental del juez natural. Esta situación, se argumenta, genera dilaciones significativas y frena la efectiva implementación de la Reforma Rural Integral. La lentitud en la resolución de disputas y la falta de especialización judicial han sido barreras constantes para el acceso a la tierra. La modificación propuesta busca agilizar estos procedimientos, cruciales para la estabilidad de las comunidades.

La admisión de esta demanda subraya la impostergable necesidad de establecer una Jurisdicción Agraria especializada en Colombia. Solo así se garantizará una justicia expedita y adaptada a las complejidades del campo. La decisión de la Corte Constitucional será determinante para el avance del Acuerdo de Paz y para definir el camino hacia una justicia de tierras efectiva. En un país donde la tierra es fuente de vida y de conflicto, esta resolución marcará un antes y un después para las comunidades rurales.