Por: Miguel Angel Trujillo

El Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano por presunto uso indebido de redes institucionales para promover al Gobierno Nacional. La acción, interpuesta por FedeColombia, busca esclarecer la legalidad de estas publicaciones.

Inicia un proceso judicial significativo en Colombia en el año 2025. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado una decisión crucial al admitir a estudio una demanda que apunta directamente al Ministerio de Educación y al Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se les acusa de utilizar sus plataformas digitales institucionales de forma indebida para difundir mensajes favorables al Gobierno Nacional.

La demanda fue interpuesta por la Fundación FedeColombia, que alega que ambas entidades replicaron en sus redes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Los temas replicados incluyeron la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y las irregularidades en la Nueva EPS. Frente a la controversia, el presidente Petro respondió: "Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia".

Según FedeColombia, estas publicaciones constituyen un uso indebido de la publicidad oficial, una práctica que está explícitamente prohibida por el Estatuto Anticorrupción vigente en el país. La Fundación argumenta que la finalidad de las redes institucionales debe ser informar objetivamente, no propagar mensajes de apoyo político o gubernamental. Este caso subraya la delgada línea entre la comunicación legítima de un gobierno y la promoción partidista.

La admisión de esta demanda podría sentar un precedente importante en el control del uso de recursos públicos y la comunicación estatal. La controversia pone de manifiesto la tensión entre la función administrativa del gobierno y la necesaria objetividad de las instituciones públicas. Las posibles consecuencias para las entidades involucradas y el precedente legal son ahora objeto de escrutinio judicial. Este estudio promete ser un referente en la transparencia y ética de la administración pública colombiana.