Fiscalías de Colombia y Albania constituyen equipos conjuntos para combatir redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual
Cooperación judicial internacional contra la trata de personas
La Fiscalía General de la Nación de Colombia y las autoridades judiciales de Albania formalizaron la creación de dos Equipos Conjuntos de Investigación (ECI). El objetivo central es investigar y judicializar las redes transnacionales dedicadas a la trata de personas, con un enfoque específico en la captación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad en Colombia para su explotación sexual en Europa.
Un mecanismo para atacar la estructura criminal y sus finanzas
Según el comunicado oficial emitido desde Bogotá D.C. el 16 de abril de 2026, los ECI no solo buscan la identificación y judicialización de los integrantes de estas estructuras. Su alcance incluye la afectación de los patrimonios ilícitos consolidados mediante esta actividad delictiva en ambos países. Se definieron acciones bilaterales específicas en materia de lavado de activos y extinción del derecho de dominio.
Modalidad operativa de las redes
Las redes bajo investigación están conformadas por ciudadanos colombianos y extranjeros que cumplen roles criminales diferenciados. Estas funciones abarcan desde el reclutamiento y transporte de las víctimas en territorio colombiano, hasta el control directo y la oferta para la prestación de servicios sexuales en Albania y otras naciones europeas.
Apoyo y coordinación internacional
Los acuerdos para la constitución de estos equipos son el resultado de un trabajo previo de coordinación entre las fiscalías. Este proceso contó con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), del Programa EL PACCTO 2.0 a través de su canal ECI+, y del Proyecto de Justicia Penal en los Balcanes Occidentales.
Un hito en la cooperación bilateral
Esta iniciativa marca la primera vez que las fiscalías de Colombia y Albania establecen Equipos Conjuntos de Investigación de esta naturaleza. Las autoridades lo califican como un paso significativo para combatir de manera más eficaz y expedita la criminalidad organizada que opera entre América Latina y Europa, particularmente en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
