Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El salario de los congresistas colombianos aumentará a más de 52 millones de pesos, tras un acuerdo laboral con sindicatos estatales.

Un reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales ha resultado en un aumento salarial del 7% para los trabajadores públicos, lo que implica automáticamente un incremento en los ingresos de los miembros del Congreso de Colombia. Desde el pasado 30 de abril, con la firma del acta final, los salarios de senadores y representantes a la Cámara se elevarán de 48 a más de 52 millones de pesos mensuales.

Este incremento salarial ha provocado reacciones diversas. El exsenador Gustavo Bolívar expresó su descontento en redes sociales, destacando la ironía de que los congresistas, quienes a menudo se oponen a mejoras salariales para los trabajadores más vulnerables, reciban este aumento significativo. Por su parte, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, criticó la medida, reflejando una percepción de desconexión entre la realidad económica del país y los ingresos de la clase política.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial estatal, donde cualquier mejora para los empleados públicos se refleja en los salarios más altos. Este mecanismo asegura que los incrementos salariales se apliquen de manera uniforme a todos los servidores del estado, incluyendo a aquellos en los rangos más altos, sin necesidad de una votación o trámite adicional.

El malestar generado por este ajuste salarial se suma a la frustración pública existente por la falta de progreso en las iniciativas legislativas que buscan limitar los ingresos de los congresistas. A pesar de las propuestas para establecer un tope salarial, como la del senador Iván Cepeda, que sugiere un máximo de 20 salarios mínimos, estas no avanzan en el Congreso. La situación refleja un desafío mayor en términos de equidad y justicia salarial en el contexto político colombiano.