Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El Senado colombiano rechazó la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, quien acusó un fraude en la votación.

El 14 de mayo de 2025, el Senado de Colombia cerró la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular que incluía temas de derechos laborales y garantías sociales, con 49 votos en contra y 47 a favor. Esta iniciativa, promovida por el presidente Gustavo Petro, buscaba la opinión ciudadana sobre 12 preguntas clave para la reforma social del país. La sesión plenaria que decidió el futuro de esta consulta también aprobó la apelación al archivo de la reforma laboral, lo que ha generado un escenario de doble frustración para los mecanismos de cambio propuestos por el gobierno.

El presidente Petro no tardó en reaccionar ante el resultado de la votación. Acusó directamente al senador Efraín Cepeda de cerrar la votación prematuramente cuando aún había votos pendientes que podrían haber cambiado el resultado. "No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude", afirmó Petro, quien además hizo un llamado a diversas organizaciones sociales para coordinar acciones futuras y aseguró que la fuerza pública debería limitarse a proteger el orden sin reprimir al pueblo.

Según Petro, este acto constituye un "fraude" y una violación de la democracia que no debe pasar desapercibida. Propuso una reunión inmediata con líderes de centrales obreras, coordinaciones campesinas, juntas de acción comunal, comités juveniles barriales y movimientos indígenas para decidir los pasos a seguir. La instrucción presidencial es clara: mantener la paz y la convivencia pacífica, mientras se define la respuesta a este revés político.

Este incidente no solo marca un punto crítico en la agenda del presidente Petro, sino que también pone en relieve las tensiones dentro del Senado y la complejidad de implementar reformas significativas en Colombia. La Ley 1757 de 2015 estipula que la mayoría simple es suficiente para aprobar una consulta popular; sin embargo, la falta de esta mayoría deja en evidencia las divisiones políticas y los desafíos que enfrenta el actual gobierno para llevar a cabo su programa de transformaciones sociales. El rechazo en el Senado es un claro revés para el Ejecutivo y plantea interrogantes sobre la viabilidad de futuras propuestas de participación ciudadana en un contexto de polarización política.