Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Procurador General, Gregorio Eljach, confirmó en Cartagena el hundimiento legal de la consulta popular impulsada por el gobierno Petro, descartando irregularidades en el proceso del Senado. Esta decisión genera tensión entre el Ejecutivo y otros poderes.

Durante la convención de Asobancaria en Cartagena, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un pronunciamiento definitivo sobre el futuro de la consulta popular propuesta por el gobierno Petro. Su declaración cierra, al menos por la vía jurídica del Senado, la posibilidad de activar este mecanismo de participación ciudadana. La tensión política se intensifica.

El pronunciamiento se dio en el marco de la convención número 59 de Asobancaria, evento que reúne a la élite financiera, política y jurídica colombiana. El escenario elegido subraya la importancia del tema y su impacto en diferentes sectores del país. La declaración de Eljach llega en medio de un clima de fuerte polarización política.

El procurador Gregorio Eljach afirmó categóricamente que el hundimiento de la consulta popular fue un proceso completamente legal y formal. Descartó así las acusaciones de irregularidades planteadas por sectores afines al gobierno Petro. "No hubo vicios en el trámite senatorial", aseguró Eljach, dejando claro que su pronunciamiento cierra la puerta a futuras acciones legales sobre este particular.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la decisión del Senado y ha explorado alternativas como la vía del decreto para convocar la consulta. Este diferendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, refuerzado por la posición del Procurador, pone de manifiesto una creciente tensión institucional que amenaza el equilibrio democrático y genera incertidumbre sobre las reformas propuestas por el gobierno. La Corte Constitucional se vislumbra como el siguiente escenario de esta disputa.


La decisión de Eljach, aunque cierra la puerta a la consulta por la vía legislativa, no resuelve el conflicto político subyacente. Se abre ahora un debate sobre el uso de decretos para sortear el trámite legislativo y la legitimidad de este mecanismo en un contexto de creciente polarización. El futuro de las reformas del gobierno Petro pende de un hilo, mientras se profundiza la confrontación entre poderes.