Por: Miguel Angel Trujillo

Exfuncionaria colombiana involucrada en el escándalo de la Ungrd. Acusada de lavado de activos y tráfico de influencias, entregó millonaria suma a exsenador.

La Fiscalía General de la Nación presentó este 2025 una acusación formal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso se encuentra dentro del amplio escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La acusación se suma a las investigaciones ya en curso sobre desvío de fondos públicos y contrataciones irregulares. El impacto de este escándalo en la opinión pública ha sido considerable.

Entre los involucrados se encuentran el exsenador Iván Name, actualmente recluido en la cárcel La Picota, y los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según la Fiscalía, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo de López y Pinilla en dos ocasiones, transportando el dinero en vehículos oficiales. La propia Ortiz ha declarado a la prensa temer por su seguridad, alegando presiones para que no revele información. La colaboración de López con la justicia podría arrojar más luz sobre este complejo entramado.

El dinero, según las investigaciones, provenía del desvío de fondos destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira. La Fiscalía sostiene que Ortiz habría utilizado su posición para facilitar el traslado y entrega del dinero al exsenador Name. Este caso resalta la vulnerabilidad de los recursos públicos ante la corrupción y la necesidad de mayor transparencia en la administración gubernamental. La investigación continúa su curso, con la expectativa de que se esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados.

Este caso pone de manifiesto la profunda corrupción que afecta a las instituciones colombianas. La implicación de una exconsejera presidencial y un exsenador refleja la gravedad del problema, así como la urgencia de implementar medidas para prevenir este tipo de situaciones en el futuro. La colaboración de testigos protegidos será crucial para descubrir la magnitud de la red de corrupción y llevar ante la justicia a todos los responsables. Las consecuencias de este escándalo podrían ser extensas, afectando la confianza ciudadana en el gobierno y el uso eficiente de los recursos públicos.