Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía de Colombia halló posibles inconsistencias en los documentos de Laura Sarabia, Canciller del país, lo que podría afectar la legalidad de su nombramiento.

El 12 de mayo de 2025, durante una inspección en la Casa de Nariño, sede del gobierno nacional en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación descubrió discrepancias en la hoja de vida de Laura Sarabia, recientemente nombrada Canciller de Colombia. Según los registros, Sarabia ocupó un cargo que legalmente ya no existía en el periodo declarado.

Laura Sarabia, quien asumió su cargo como Canciller, enfrenta ahora no solo una investigación por las irregularidades en su documentación sino también acusaciones más graves que incluyen concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas investigaciones están siendo lideradas por la Fiscalía, que profundiza en las actividades previas de Sarabia en el gobierno.

El cargo de "jefe de Gabinete", que Sarabia afirmó haber ocupado entre agosto de 2022 y junio de 2023, fue eliminado en diciembre de 2022 mediante el decreto 2647, firmado por Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este decreto cambió la denominación del cargo a "jefatura de Despacho Presidencial", lo que plantea dudas sobre la validez de los actos administrativos firmados por Sarabia bajo un cargo inexistente.

Este caso resalta la importancia de la precisión y la transparencia en la administración pública, especialmente en los altos niveles del gobierno. La posible inconsistencia en la hoja de vida de Sarabia no solo cuestiona la transparencia del proceso de su nombramiento, sino que también podría minar su legitimidad y efectividad como funcionaria pública en un momento crítico para el país. La rigurosidad en los procesos de designación es fundamental para mantener la confianza en las instituciones estatales y asegurar la legalidad y ética en la gestión pública.