Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía 21 especializada de Colombia ha iniciado una investigación penal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de transporte aéreo.

El caso se centra en la asignación de un contrato valorado en un millón de dólares para servicios de transporte aéreo, adjudicado a la empresa Helistar, vinculada a allegados del presidente Gustavo Petro. La investigación fue asignada a la fiscalía especializada tras la denuncia de un posible direccionamiento indebido del contrato, lo que ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en las prácticas corporativas de Ecopetrol.

Ricardo Roa, quien ha estado al frente de Ecopetrol desde 2023, enfrenta acusaciones de favorecer a Helistar, una compañía conocida por sus conexiones con figuras políticas de alto nivel. Aunque Roa ha negado cualquier acto indebido, la fiscalía está examinando detenidamente las etapas del proceso de licitación para determinar si existieron violaciones a las normativas de contratación pública.

El proceso de adjudicación del contrato ha sido descrito por fuentes anónimas dentro de la empresa como "inusualmente rápido y poco transparente", lo que ha levantado sospechas sobre la integridad del proceso. Expertos en derecho y transparencia corporativa sugieren que este caso podría tener implicaciones significativas para la confianza pública en las instituciones estatales y en la gestión de empresas públicas en Colombia.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la ética empresarial y la responsabilidad de los ejecutivos en la administración de recursos públicos. La investigación en curso no solo busca esclarecer la legalidad del contrato con Helistar, sino también reforzar las normativas que aseguran la equidad y transparencia en las licitaciones públicas, evitando que intereses particulares prevalezcan sobre el bien común.