Por: Miguel Angel Trujillo

Tras la condena a 12 años de prisión del expresidente Álvaro Uribe, la jueza Sandra Heredia recibe amenazas. El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial solicita medidas cautelares a la CIDH para garantizar su seguridad.

La jueza Sandra Heredia, responsable de la controvertida condena a Álvaro Uribe, se encuentra bajo amenaza. El Fondo Judicial solicita urgentemente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla. Las amenazas se intensificaron tras la sentencia del 1 de agosto de 2025.


La jueza 44 Penal de Bogotá emitió una sentencia de 12 años de prisión contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno. Esta decisión, altamente polémica en el país, ha generado una ola de reacciones adversas. El fallo ha dividido profundamente a la opinión pública colombiana, exacerbando las tensiones políticas existentes.

El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial (Fasol) ha denunciado una campaña de intimidaciones contra la jueza Heredia, incluyendo amenazas directas, señalamientos públicos y una sistemática campaña de desprestigio. Estas acciones provienen de diferentes sectores, incluyendo declaraciones del propio Uribe y sus allegados, así como de un representante extranjero que la calificó como "jueza radical". La gravedad de la situación ha impulsado a Fasol a solicitar medidas cautelares.

La situación pone en relieve la difícil situación que enfrentan los jueces en Colombia al tomar decisiones controversiales, especialmente cuando involucran figuras políticas influyentes. La solicitud a la CIDH busca asegurar la protección de la jueza Heredia, garantizar la independencia judicial y prevenir posibles consecuencias negativas para el sistema judicial colombiano. El caso establece un preocupante precedente sobre la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales ante presiones políticas y sociales.