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Denuncias & Tribunales

lunes, 9 junio 2025

Procuraduría investiga al director de la UNP por omisiones en seguridad

Por: Miguel Angel Trujillo

Director de la UNP, Augusto Rodríguez, es investigado por la Procuraduría por presuntas fallas en la protección de miembros del Centro Democrático desde 2023. La investigación se da tras quejas por falta de respuesta a solicitudes de refuerzo de seguridad.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en el refuerzo de esquemas de seguridad para miembros del partido Centro Democrático. Esta investigación se inició tras una queja formal presentada por el director nacional del partido, Gabriel Vallejo. Las denuncias apuntan a una falta de respuesta a las solicitudes de protección presentadas desde el año 2023.

Vallejo, en su denuncia, afirma que a pesar de las reiteradas peticiones, la UNP no ha brindado la protección adecuada a varios miembros de su partido. Si bien el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no es mencionado explícitamente en la queja, la investigación se relaciona con la seguridad de figuras prominentes del Centro Democrático. Se espera que la Procuraduría aclare las responsabilidades de la UNP en los hechos denunciados.

La investigación se centra en determinar si hubo negligencia por parte del director de la UNP al no fortalecer los esquemas de seguridad solicitados. Se revisarán los registros de solicitudes, las respuestas dadas por la UNP y el historial de protección brindada a los miembros del Centro Democrático. La Procuraduría ha solicitado un informe detallado a la UNP en un plazo de diez días, como parte de las pruebas que se llevarán a cabo.

La investigación de la Procuraduría podría tener consecuencias significativas para el director de la UNP y para la entidad en su conjunto. De comprobarse las omisiones en la seguridad de los miembros del Centro Democrático, se podrían abrir investigaciones penales y administrativas. El caso además reabre el debate sobre la efectividad de los esquemas de protección en Colombia y la necesidad de garantizar la seguridad de las figuras políticas. La opinión pública espera con atención los resultados de esta investigación.

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