Por: Gustavo Puentes

La Procuraduría General de la Nación ha apoyado la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe prácticas taurinas en Colombia, marcando un hito en la protección animal.

En un reciente concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación ha respaldado la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas y tientas en todo el territorio colombiano. Este pronunciamiento surge como una respuesta a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Christian Garcés y Jerónimo Antía, quienes argumentan que la ley infringe derechos fundamentales como el acceso a la cultura y la libertad de expresión.

Los demandantes, Garcés y Antía, sostienen que esta ley afecta no solo la tradición cultural sino también aspectos económicos como el empleo y la propiedad privada. Sin embargo, la Procuraduría argumenta que la norma es un paso necesario hacia una sociedad más ética y respetuosa de los derechos de los animales, considerados seres sintientes.

El debate se centra en la transformación cultural que implica la ley, enfrentando la tradición de las corridas de toros con la creciente sensibilidad hacia los derechos de los animales. La Procuraduría enfatiza que el respeto a la vida y el bienestar animal deben ser prioritarios, y que la ley busca precisamente reflejar y fortalecer estos valores en la sociedad colombiana.

Este respaldo de la Procuraduría podría influir significativamente en la decisión de la Corte Constitucional, marcando un precedente importante en la legislación sobre protección animal en Colombia. La decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley 2385 será determinante para el futuro de las prácticas taurinas en el país y podría ser vista como un reflejo de los valores y la evolución cultural de la nación.