Por: karol Yulieth Lopéz león

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Sebastián Guanumen como consejero en Chile, cuestionando la falta de cumplimiento de los requisitos de la carrera diplomática en la decisión del Presidente Petro. Esto abre un nuevo frente en la revisión de nombramientos del gobierno.

Recientemente, la justicia colombiana ha invalidado un nombramiento diplomático del gobierno Petro. El fallo afecta la designación de un estratega político cercano al Presidente, generando controversia y precedentes legales.

El 14 de febrero de 2024, el Presidente Gustavo Petro, mediante el decreto 0214, nombró a Sebastián Guanumen, cercano colaborador en su campaña presidencial de 2022, como consejero de relaciones exteriores en el Consulado de Colombia en Santiago de Chile. Este nombramiento, sin embargo, no contó con el aval de la carrera diplomática, lo que levantó sospechas desde un principio sobre su legalidad. La decisión se enmarca dentro de una serie de designaciones cuestionadas por presuntas irregularidades.


Guanumen, estratega político sin experiencia diplomática formal, se ha mantenido en silencio tras la decisión judicial. El Presidente Petro, por su parte, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la anulación del decreto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su fallo, argumentó la inobservancia de los requisitos para ocupar el cargo, subrayando la necesidad del cumplimiento estricto de la ley en materia de nombramientos diplomáticos.


El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, basándose en la legislación colombiana referente a la carrera diplomática, determinó la ilegalidad del nombramiento. El fallo se sustenta en la ausencia de los méritos y requisitos específicos que exige la ley para ocupar un cargo de esta naturaleza. El proceso judicial fue conducido con base en las pruebas presentadas, y su resolución sienta un precedente importante para futuras designaciones gubernamentales.


La anulación del nombramiento de Guanumen representa un duro golpe para el Gobierno Petro, exponiendo fallas en los procesos de selección para cargos diplomáticos. Esta decisión judicial, además de sentar un precedente legal, intensifica el debate sobre la transparencia y el mérito en la administración pública, y podría desencadenar una revisión exhaustiva de otros nombramientos similares realizados por el actual gobierno. La repercusión política de este fallo podría ser significativa en las próximas semanas.