Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de cautiverio, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate para su liberación, siguiendo el consejo de funcionarios estatales.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. El incidente ocurrió mientras el niño jugaba cerca de su casa en una zona rural. La familia, desesperada, optó por seguir la recomendación de funcionarios del Estado de negociar directamente con los captores ante la falta de avances en la investigación oficial.

El tío de Lyan, quien es médico, expresó su frustración: “Nos sentimos abandonados. No somos delincuentes, somos una familia trabajadora”. Reveló que una prima del menor logró establecer contacto con los secuestradores y finalizar la negociación, lo que les costó todas sus economías, dejándolos endeudados.

El niño fue entregado a campesinos locales, quienes a su vez lo pusieron en manos de la Defensoría del Pueblo. Este acto puso fin a la angustiosa espera, pero dejó un sabor amargo en la familia, que criticó la falta de apoyo gubernamental y la indiferencia del presidente Petro, quien solo se pronunció al respecto después de 18 días del secuestro.

Este caso subraya la problemática de seguridad en regiones controladas por grupos armados y la posición a menudo precaria de las autoridades estatales. La familia de Lyan, aunque aliviada por su retorno, se enfrenta ahora a una difícil recuperación económica y emocional, mientras que la comunidad exige mayores esfuerzos en la protección de sus ciudadanos y en la lucha contra el secuestro.